¿Tropezar con la misma Piedra?

Rosario Piedra quiere quedarse cinco años más al frente de la CNDH, seguramente cree que lo ha hecho muy bien o tiene claro que la sumisión ante los actos y decisiones del gobierno federal se premian. Sin embargo, su gestión ha sido cuestionada por las víctimas, organizaciones de defensa de derechos humanos y por sus propias acciones.

Guardó silencio ante la filtración de datos personales desde las conferencias matutinas en Palacio Nacional o ante las declaraciones del expresidente, deslegitimando la labor de organizaciones de la sociedad civil. Se calló cuando se presentaron las iniciativas para eliminar los órganos autónomos que tienen por mandato tareas vinculadas a la garantía de derechos humanos, como el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (Inai). Durante su gestión se ha cuestionado la autonomía e independencia del organismo frente al Poder Ejecutivo y el rol pasivo que ha jugado como institución frente a la militarización de la seguridad pública, la política migratoria, los megaproyectos de desarrollo en territorios indígenas, la disminución del espacio cívico y la estigmatización de periodistas y organizaciones sociedad civil defensoras de derechos humanos y la expansión de la prisión preventiva, entre otros.

Y en el contexto de la elección y nombramiento de quién encabezará al organismo durante los siguientes cinco años, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro  (Centro Prodh) presentó un balance —39 páginas—, de la gestión de la CNDH desde 2019 a la fecha.

Se observaron omisiones significativas en casos que involucran a Fuerzas Armadas. Entre 2020 y 2023, la Guardia Nacional acumuló mil 816 quejas, pero sólo recibió 13 recomendaciones. La Sedena, señalada en mil 664 quejas, recibió sólo 26 recomendaciones.

“La actual CNDH se ha abstenido de emitir recomendaciones o pronunciarse frente a eventos en los que miembros de la GN y la Sedena habrían cometido graves violaciones, como la de dos jóvenes en Ciudad Jiménez, Chihuahua, en enero de 2023, cuyo caso fue remitido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos al organismo nacional; el asesinato de alrededor de 25 personas en el marco de un enfrentamiento en La Concordia, Chiapas en marzo de 2024, o la ejecución de la niña Nahomi, de nueve años, quien murió por los disparos de agentes en julio del mismo año en San Luis Potosí. La misma omisión es vista en el caso de la niña Heidi Mariana, víctima de ejecución extrajudicial por agentes de la Sedena en Tamaulipas en 2022, sobre el que no ha emitido una recomendación, pese a haberse presentado una queja”.

La posición del organismo frente a la militarización de la seguridad pública fue de evidente alineación al gobierno federal. Avanzó la opacidad en las recomendaciones con estados excesivos. La actual presidencia del organismo determinó en 2023, limitar el acceso público a dos mil 543 recomendaciones emitidas entre los años 1990 y 2015.

Entre las recomendaciones testadas por la Comisión están los casos de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército en Tlatlaya, Estado de México; la represión y tortura sexual cometida en Atenco, o la del siniestro ocurrido en la mina Pasta de Conchos.

Sobre las acciones de inconstitucionalidad, la CNDH de Piedra evitó impugnar reformas impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que extinguieron fideicomisos como el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) de la Ley General de Víctimas en 2020 o como las de adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, tanto en 2022, como en 2024 —recordando que la anterior gestión de la CNDH sí interpuso, en 2019, acciones de inconstitucionalidad sobre las leyes secundarias de la misma GN— o la modificación del transitorio constitucional para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y más recientemente con la reforma judicial que contravienen estándares internacionales de derechos humanos.

Ignora que el poder reformador de la Constitución debe tener límites.

Además, la gobernanza interna de la CNDH colapsó. Tras la renuncia de todos los integrantes del Consejo Consultivo, éste quedó inoperante.

Es urgente una renovación profunda de la Comisión, que fortalezca su autonomía y capacidad para actuar en favor de los Derechos Humanos. No queremos una institución a la deriva, debilitada, tanto en lo interno como en su posición frente a la sociedad como garante de los derechos humanos y contrapeso al poder.

¿Nos vamos a tropezar con la misma Piedra?

Con información de Excelsior