La titular del ministerio estuvo presente en la apertura de la decimosexta edición del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde abordó las preocupaciones surgidas por las repercusiones de la reforma judicial que propone la elección de jueces mediante sufragio popular.
La ministra se dirigió a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial. “La democracia constitucional a nivel global, y en particular en nuestro país, se enfrenta a desafíos extremadamente complejos y delicados”.
“Los ciudadanos de México están viendo cómo se debilita su acceso a una justicia imparcial, y la protección de sus derechos fundamentales está en peligro. La politización del sistema judicial, la eliminación de la carrera judicial y la incertidumbre jurídica no solo afectan a las personas, sino que también ponen en entredicho la confianza en el aparato judicial, pilar esencial para el desarrollo económico y social del país”.
“Es evidente, y hay numerosos ejemplos históricos y contemporáneos en distintas regiones, de que los derechos humanos se ven amenazados cuando un poder, de cualquier índole, no es limitado ni supervisado”, advirtió.
“La democracia constitucional no solo se refiere a una simple gobernabilidad, sino a una gobernabilidad democrática, entendida como el gobierno de una comunidad diversa de ciudadanos en libertad, un gobierno que incluye tanto a las mayorías como a las minorías, donde se escucha a todos sin dejar a nadie de lado”.
“Por ello, en el marco de nuestras responsabilidades, debemos permanecer firmes en nuestras creencias y continuar luchando por la independencia y la autonomía del Poder Judicial”, enfatizó.
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, advirtió que la eliminación de la carrera judicial y la injerencia política en la justicia ponen en riesgo el respeto a los derechos fundamentales de todos. Asimismo, aseguró que en el contexto actual, defender la democracia constitucional es salvaguardar la dignidad inherente a cada individuo.
“Es importante recordar que no basta con tener una constitución en sentido formal para garantizar la existencia de un estado de derecho constitucional y democrático. No debemos perder de vista que la Constitución debe ser el fundamento de la organización y funcionamiento de nuestra República representativa, democrática y federal. Tanto autoridades como ciudadanos tenemos el deber de cumplir las leyes que de ella emanan”, afirmó.
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, subrayó que “nuestra legislación debe actualizarse sin renunciar a los principios fundamentales del Estado de derecho” y agregó que “hoy, más que nunca, el derecho constitucional enfrenta el desafío de adecuarse a las nuevas realidades sociales, políticas y culturales”.
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