La jueza Martha Magaña López, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, otorgó una suspensión definitiva para frenar la discusión y aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) en la Cámara de Diputados, aunque esta ya se ha llevado a cabo. Esta medida cautelar fue emitida en respuesta a un amparo promovido por cuatro jueces federales que buscan protegerse de los efectos de la reforma, en caso de que esta sea aprobada. La suspensión tiene como objetivo que estos jueces no sean afectados por la legislación, pero la sentencia aún no es definitiva.
Las autoridades, incluyendo la Presidencia de la República y la Comisión de Puntos Constitucionales, podrían impugnar esta resolución, lo que llevaría el caso a un tribunal colegiado, que decidiría si ratifica, modifica o revoca el fallo inicial. La jueza Magaña López ordenó que no se apruebe la reforma en el Senado ni se envíe a las legislaturas locales para su votación, en caso de que el proceso legislativo continúe.
En su fallo, la jueza argumentó que negar la medida cautelar pondría a los jueces en una situación de indefensión si se ven afectados por la reforma y son separados de sus cargos, haciendo imposible restituir sus derechos. Además, las autoridades demandadas no entregaron los informes solicitados, lo que podría llevar a que se pida a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar por desacato a las autoridades responsables.
En paralelo, un tribunal colegiado en Morelos, compuesto por los magistrados Juan Pablo Bonifaz Escobar, Silvia Carrasco Corona y Yolanda Velázquez Rebollo, rechazó por unanimidad un recurso de queja presentado por un particular que buscaba impugnar la suspensión provisional concedida anteriormente por la jueza. La FGR también ha apelado esa suspensión provisional.
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