Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU para la Independencia de los Jueces y Abogados, expresó su preocupación por la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtiendo que esta pone en riesgo la autonomía del poder judicial en México.
En una comunicación al Consejo de Derechos Humanos, Satterthwaite destacó que es alarmante la forma en que se están impulsando estos cambios constitucionales, mencionando presiones hacia los juzgadores desde otras ramas del gobierno. La relatora señaló casos de “intimidación a jueces y reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales y amenazas por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.
Satterthwaite subrayó que las iniciativas de la reforma podrían afectar directamente el funcionamiento de la judicatura. Específicamente, expresó preocupación sobre los procesos de selección judicial, sugiriendo que podrían estar rodeados de desconfianza debido a alegaciones de corrupción, tráfico de influencias y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil.
También criticó la reducción del periodo en el que los juzgadores estarán en el cargo, argumentando que esto impacta negativamente la independencia y desarrollo profesional de los jueces. Además, destacó que la reducción de sueldos a los miembros de la judicatura podría ser contraproducente.
Cuatro Cuestionamientos al Estado Mexicano
Satterthwaite pidió al Estado mexicano que responda cuatro cuestiones principales:
- Exponer cualquier duda o comentario sobre la reforma al Poder Judicial.
- Indicar las medidas tomadas para asegurar que las reformas cumplen con los estándares internacionales y proveen un procedimiento de selección judicial no politizado, basado en méritos y calificaciones.
- Explicar las medidas adoptadas para garantizar la independencia de jueces y magistrados.
- Detallar las medidas para asegurar que el Poder Judicial cuenta con los medios necesarios para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas.
La experta internacional cerró su comunicación instando a México a tomar medidas concretas para preservar la independencia judicial y asegurar que los cambios propuestos no socaven los principios democráticos y el Estado de Derecho en el país.
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