Relatora de Naciones Unidas dice que AMLO pretende socavar la independencia judicial.

Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, se dijo preocupada por los cambios que propone el Presidente López Obrador en materia judicial y sostuvo que “podrían socavar la independencia de la judicatura mexicana”.

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– “Me encuentro especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas, por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo en contra de ciertos jueces, en las cuales se ha expresado desacuerdo con las decisiones adoptadas por dichos jueces”.

Así dice el quinto párrafo del informe de la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas (ONU) en relación al paquete de iniciativas de reforma presentadas el 5 de febrero de 2024 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados, las “cuales –agrega ella– podrían socavar la independencia de la judicatura mexicana, en particular de las cortes federales de México en caso de ser promulgadas sin modificaciones sustanciales”.

Margaret Satterthwaite se dice preocupada sobre cómo “la reducción arbitraria de los salarios judiciales y una intromisión mayor en la capacidad presupuestaria independiente de la judicatura lesionará la independencia judicial en México”.

La relatora define la iniciativa, conocida comúnmente como la Reforma al Poder Judicial, de la siguiente manera:

“Las propuestas incluyen medidas que podrían, entre otros aspectos, disponer la elección popular de todos los jueces y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sin contar con procedimientos para regular las actuaciones durante la campaña. La reforma propone reasignar las funciones administrativas y disciplinarias del CJF a un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, los cuales serán electos por voto popular. Adicionalmente, las reformas proponen reducir de once a nueve el número de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acortando su período, eliminando sus haberes de retiro y requiriendo a la SCJN emitir todas sus resoluciones exclusivamente a través del Pleno. Las reformas también plantean ajustar la remuneración judicial para equipararla a la del Presidente de la República, asignar al Tribunal Electoral del Poder Judicial la competencia para conocer disputas electorales y ampliar los criterios para el inicio de juicio político de funcionarios judiciales a través del establecimiento de procesos penales”.

Satterthwaite asegura que las iniciativas propuestas podrían impactar directamente el funcionamiento de la judicatura al someter el mecanismo de selección de jueces a un procedimiento en el cual –afirma– “las consideraciones políticas podrían fácilmente superponerse a los méritos objetivos de un candidato”.

“Estas preocupaciones se intensificarían en el contexto de desconfianza que podría existir alrededor de los procesos de selección judicial que se llevan a cabo en medio de alegaciones sobre corrupción, tráfico de influencias y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil”, refiere.

La relatora especial de la ONU indica que las reformas propuestas por el Presidente López Obrador no especifican los criterios aplicables a la selección de candidatos por cada rama de gobierno. Tampoco, dice, incluyen disposiciones relacionadas con el umbral de votos necesario para garantizar la legitimidad de las elecciones.

“Las modificaciones propuestas carecen de un mecanismo transparente, independiente y accesible que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad. Al contrario, la iniciativa de reforma traslada al Senado la responsabilidad de verificar que los candidatos a Magistrado de Circuito y Jueces de Distrito cumplan con los requisitos de elegibilidad el Artículo 95 de la Constitución”, refiere.

Satterthwaite sostiene que al atribuir esta responsabilidad a “una entidad política como el Senado”, la iniciativa de reforma no asegura una participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de selección de candidatos. “Al asignar al Senado la tarea de verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad constitucionales y legales, la reforma permitiría un aumento en la influencia del Poder Legislativo en el proceso de selección judicial”.

Adicionalmente, la relatora asegura que la elección popular de jueces “podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”.

“Tales dinámicas suponen riesgos significativos para la imparcialidad de las decisiones judiciales y podrían socavar aún más la confianza pública en una judicatura que ya enfrentaría desafíos relacionados con su reputación e integridad. Este riesgo es especialmente plausible dado que la reforma no establece procedimientos para la conducta que deberá observarse en las campañas”, advirtió.

La propuesta de Reforma Judicial del Presidente López Obrador propone reducir de 15 a 12 años el periodo de un Ministro, de nueve a seis el de Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como para los magistrados regionales, e indica que quienes ocupen estas funciones junto con los Consejeros del Poder Judicial Federal concluirían su mandato en la misma fecha en que los servidores públicos elegidos en la elección extraordinaria.

Al respecto, Margaret Satterthwaite afirmó que la remoción anticipada de todos los jueces en funciones una vez que los nuevos jueces sean electos sería una clara violación de la permanencia en el cargo judicial al igual que, dice, “la imposición de una prohibición de trabajar durante los dos años siguientes a su remoción también atenta contra sus derechos laborales y el derecho a recibir una pensión”.

“Resultan profundamente preocupantes los informes que indican que aproximadamente 1,800 jueces y funcionarios serían inmediatamente despedidos tras la implementación de esta reforma. La remoción abrupta de un número tan grande de funcionarios judiciales podría retrasar la administración de justicia para los ciudadanos comunes que esperan decisiones judiciales, y podría violar su derecho a un juicio justo reconocido en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, advierte.

La relatora cuestiona además que el Consejo de la Judicatura Federal sea reemplazado por un Tribunal de Justicia Disciplinaria. En ese sentido, asegura que esto podría constituir una amenaza seria para la independencia del sistema judicial de México y la separación de poderes.

“La propuesta de facultar al Tribunal de Disciplina Judicial para sancionar a jueces basándose en criterios vagos como “cuando sus decisiones no se adhieran a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, así como asuntos determinados por la ley”, es contraria a los estándares internacionales. Además, la imposibilidad de que un juez apele las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial violaría el derecho a un juicio justo de los jueces y es contrario a las normas pertinentes”.

En cuanto a que la remuneración de los impartidores de justicia no puede ser mayor a la del Presidente de la República, lo cual ya está establecido en la Constitución, afirma que “tales reducciones presupuestarias podrían ser consideradas una retaliación por acciones adoptadas en el normal ejercicio de las funciones judiciales, comprometiendo potencialmente el funcionamiento independiente de la judicatura en México”.

“Me preocupa que la reducción arbitraria de los salarios judiciales y una intromisión mayor en la capacidad presupuestaria independiente de la judicatura lesionará la independencia judicial en México”, puntualiza.

Con información de Sinembargo