Este lunes, durante el funeral del padre Juan López Méndez, grupos civiles, líderes religiosos indígenas y feligreses expresaron su indignación, señalando que su asesinato fue el resultado de su firme postura contra la violencia del crimen organizado y la falta de acción por parte del Estado mexicano. «Al padre Juan lo asesinaron por alzar la voz ante las injusticias en nuestras comunidades, por enfrentar al crimen organizado y señalar la complicidad del Estado», declaró Mario Sánchez, representante de la iglesia local en Chiapas.
López Méndez, un sacerdote tzotzil, fue asesinado el domingo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, un destino turístico importante en Chiapas. Los primeros informes oficiales indican que fue atacado a tiros mientras estaba en su vehículo en el barrio La Merced, sobre la calle Los Cedros.
El trabajo del padre Juan no se limitaba a su labor religiosa; era también un defensor comprometido de los derechos de los pueblos indígenas y, debido a las amenazas en su contra, había recibido medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, de acuerdo con los denunciantes, las autoridades mexicanas no tomaron las medidas necesarias para garantizar su seguridad, lo que permitió su asesinato. «El Estado mexicano tiene responsabilidad en este crimen por su inacción ante la violencia creciente en la región», denunció Sánchez.
Cientos de personas, principalmente indígenas tzotziles, tzeltales y choles, por quienes el padre Juan luchaba, asistieron a la ceremonia en la iglesia local, donde lo recordaron como un incansable defensor de los derechos humanos.
La misa fue oficiada por el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, junto al obispo Rodrigo Aguilar Martínez y otros religiosos. Durante su homilía, Arizmendi exigió el desmantelamiento de los grupos criminales en Chiapas y clamó por justicia para el padre Juan.
«No podemos seguir fingiendo que todo está bien en México. Nuestro país nos duele. Las estrategias implementadas han fracasado», sentenció.
El dolor y la indignación entre los asistentes reflejaron el impacto del asesinato de López Méndez, quien, durante más de 20 años, luchó por los derechos de las comunidades indígenas ante la violencia y la impunidad.
El cardenal también denunció que desde el inicio del actual gobierno, al menos 25 defensores de derechos humanos han sido asesinados en México, lo que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
Más temprano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el asesinato del sacerdote y prometió que el crimen no quedaría impune. «La investigación ya está en marcha», aseguró en su conferencia matutina.
Amnistía Internacional condenó también el asesinato y exigió una investigación rápida y eficaz. Al mismo tiempo, organizaciones civiles advirtieron que Chiapas se está convirtiendo en un «territorio de conflicto».
El caso del padre Juan López Méndez es un reflejo del peligro que enfrentan los defensores de derechos humanos en México, donde la violencia vinculada al crimen organizado ha dejado profundas cicatrices en las comunidades más vulnerables.
Según la ONU-DH, desde 2017, al menos 134 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país, de los cuales siete casos han ocurrido en lo que va de este año.
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