La fiscal boliviana Sandra Gutiérrez anunció que se emitirá una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) en el marco de una investigación por trata de personas y estupro. Gutiérrez, fiscal departamental de Tarija, señaló que Morales y otros investigados fueron debidamente notificados sin vulnerar sus derechos. Morales no se presentó a declarar, argumentando que existe una sentencia que establece que el caso debe tratarse en Cochabamba, donde reside.
La denuncia en cuestión acusa a Morales de tener una relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo un hijo. La víctima habría pertenecido a un grupo juvenil creado por Morales durante su mandato, llamado ‘Generación Evo’. Además del expresidente, otras dos personas investigadas también se ausentaron de su citación.
Gutiérrez afirmó que las órdenes de aprehensión se emitirán para los tres implicados y aseguró que las acciones legales se llevan a cabo con apego a las normas, rechazando las acusaciones de Morales y su defensa de que sus derechos están siendo vulnerados.
Morales ha denunciado que esta investigación es parte de una “persecución política” y ha asegurado que cuenta con el respaldo de más de 200 abogados dispuestos a defenderlo de manera gratuita. Por su parte, organizaciones sociales afines a Morales advirtieron que, de emitirse la orden de arresto, llevarán a cabo bloqueos de caminos a nivel nacional.
La denuncia contra el expresidente se presentó el 26 de septiembre, poco después de que Morales liderara una caminata en La Paz para reclamar la validación de un congreso partidario en el que fue proclamado “candidato único” del Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones de 2025. El Grupo Puebla, un foro de representantes de la izquierda latinoamericana, manifestó su preocupación por lo que consideraron una campaña de judicialización política contra Morales.
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