El ministro Javier Laynez Potisek explicó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional la reforma judicial propuesta, se suspendería de inmediato todo el procedimiento relacionado con ella. Esto incluye detener la implementación de las medidas que ya hayan sido aprobadas, ya que las reformas constitucionales quedarían invalidadas.
Laynez también advirtió sobre los riesgos para la democracia si el gobierno no acata esta decisión. La reforma busca cambios profundos, como la elección popular de jueces y magistrados, lo cual ha generado preocupación debido a que podría poner en riesgo la independencia del Poder Judicial. Si el Ejecutivo o el Legislativo no reconocen la inconstitucionalidad, el ministro advirtió que esto sería muy peligroso para el respeto de los derechos en el país.
Este escenario refleja una tensión significativa entre los poderes del Estado, donde se pone en juego la separación de poderes y el rol de la SCJN en la protección de la Constitución.
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