El diagnóstico es correcto y rotundo -el Poder Judicial en México no es eficaz, no es transparente, y sólo en ocasiones imparte justicia-, pero la solución que ha propuesto el Presidente no resuelve nada. Absolutamente nada. Es una ocurrencia. Es un arrebato populista. Una imposición política. Y no es que lo diga yo, es lo que afirman nueve de cada diez especialistas en Derecho -los mejores de este país-, a quienes he escuchado y leído con atención durante los últimos meses.
Si un gobernante antepone la política a la ciencia lo que sucede es una desgracia de dimensiones catastróficas, tal como ocurrió durante la pandemia de Covid-19, cuando el Presidente dejó la conducción de las decisiones sanitarias en manos de un personaje irresponsable y zalamero (no es adjetivo, es retrato hablado), y eso provocó miles de muertes que pudieron haberse evitado con decisiones de Estado sencillas y prácticas como el uso obligatorio de cubrebocas desde el inicio de la epidemia.
Lo mismo acontece cuando un gobernante desprecia la técnica y privilegia la política, mal entendida ésta, porque la política de Estado es el convencimiento de los otros y la consecución de acuerdos entre todas las partes, incluidas las minorías. La política de Estado no es imposición, es seducción. Es razón, no avasallamiento. Colocar la mala política (la demagogia, la politiquería, el autoritarismo) por encima de la técnica, como ha sucedido en la llamada reforma al Poder Judicial que recién aprobó la Cámara de Diputados, y que en los próximos días será votada en el Senado, es el camino más corto hacia otra calamidad peor de la que ya tenemos en el sistema judicial de este país.
Creo que los asesores jurídicos del Presidente y él mismo tienen una confusión cognitiva: confunden los conceptos de procuración e impartición de justicia. Lo que necesita la República, en primer lugar, son policías de investigación extremadamente capacitadas. Fiscalías que pesquisen con eficiencia y meticulosidad para que el Ministerio Público elaborare carpetas y consignaciones impecables ante los jueces y que éstos no tengan más remedio que proceder a favor de los agraviados y no de los influyentes que compran sus impunidades.
Un juez incorruptible es un juez amurallado por la contundencia de investigaciones incontrovertibles.
¿Qué resuelve en términos de justicia votar por una mujer o un hombre cualquiera para que sea juez? Nada. ¿Va a dar justicia a los familiares de las 60 u 80 personas asesinadas cada día en México (depende del mes)? ¿Votar por jueces, magistrados y ministros resolverá la impunidad que existe en el 90% de los casos de extorsiones? No. ¿Resolverá los casos de robos? ¿Los expedientes de secuestros? ¿Dictará sentencias en los casos de desapariciones? ¿En los fraudes? ¿En los despojos?
¿Solucionará los casos de violencia machista y feminicida? ¿Dejará de haber jueces infames como el del caso de María Elena Ríos, la saxofonista oaxaqueña que casi ve exonerado y libre a su infame agresor por obra y gracia de un tal “su señoría juzgador” de cuyo nombre no me quiero acordar?
No, elegir jueces por votación popular no resuelve eso. La honestidad y la eficiencia no se siembran ni se recolectan en las urnas. La corrupción no desaparece con una boleta electoral ni con una cruz tachada sobre un recuadro.
¿Qué cosa resuelve elegir en las urnas a una mujer o un hombre por su filiación política cercana a Morena? Nada, si acaso garantizar que a los cuates del morenismo les haga justicia la transformación, como antes a los priistas les hacía ju$ticia la Revolución.
¿Elegir en las urnas a jueces, magistrados y ministros garantiza eficiencia, eficacia, probidad y justicia en cada proceso judicial? Para nada. Desde el punto de vista técnico, no.
¿Qué resuelve en términos de justicia la más populista de las reformas populistas que haya tenido México en cien años?
Nada.
Las y los morenistas a quienes pregunto no saben qué responder. De entrada, la mayoría ni siquiera conoce la letra de la reforma, y cuando contestan, balbucean “habrá mejores jueces”. No me digan. ¿Por qué? ¿Porque el abogado Zutanito es de Morena y Merenganote es del PRI?
En lugar de afianzar una sana meritocracia en el Poder Judicial, la reforma de Andrés Manuel López Obrador instaura la cuatocracia judicial. Sí, de cuates de la 4T. Ni en las películas más delirantes y malas de Luis Estrada se vio algo así de estéril.
TRASFONDO
Después del 2 de junio todo era alegría para seis de cada diez mexicanos. Qué manera de envenenar el ambiente de un hombre mesiánico que se niega a dejar el púlpito, y mucho menos en manos de una mujer, aunque simule todo lo contrario, respetar a la Presidenta Electa. Lo que estamos presenciando es el último latigazo del machismo político mexicano y lo padeceremos hasta las 11:59 de la noche del 30 de septiembre.
Ni hablar. Qué patético. Y qué pena.
A ver si 43 senadoras y senadores pueden impedir este despropósito legislativo.
Ojalá.
AL FONDO
Le recomiendo, lectora-lector, que busque el reportaje de la colega Zorayda Gallegos en Quinto Elemento Lab titulado “Jueces sin castigo: las fallas de un sistema negligente”, que desnuda la impunidad de los malos y pésimos servidores del Poder Judicial durante los últimos 24 años, pero no sólo eso, exhibe la impericia o la incapacidad del Consejo de la Judicatura Federal para sancionar a jueces y magistrados. O acaso no ha sido ineptitud sino complicidad a punta de “amonestaciones”.
Le digo: el diagnóstico de AMLO no es incorrecto, pero la solución propuesta no es tal cosa, es un disparate que ni el peor pasante de Derecho en una escuela patito osaría proponer.
Con información de El Universal
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